Por Francisco Luján |
Durante la presentación del “Informe Ciudadano 2022”, Sergio Meza de Anda, director del Plan Estratégico de Juárez A.C., demandó mejoras en los procesos de participación ciudadana y transparencia en la ejecución de inversiones.
Refirió el caso de la construcción de la Torre Centinela, el proyecto de seguridad del Gobierno del Estado, de la cual dijo que pese a su complejidad y gran inversión, no se ve una intervención “sustancial” por parte de los tres niveles de Gobierno.
Señaló que las autoridades estatales no han explicado a los chihuahuenses cuáles son los datos o la información que decidieron reservar, por supuestos motivos de seguridad, así como la justificación para la aplicación de esa medida.
Con respecto a la ubicación del edificio de 21 pisos, señaló que es importante que expliquen por qué seleccionaron construir el inmueble en ese y no en otro lugar, en un área ubicada en el Centro Histórico.
Comentó que en este caso, buscarán la colaboración con otros sectores y organizaciones de la sociedad civil, para buscar una audiencia con las autoridades estatales, responsables del proyecto.
Visiones simplistas de Juárez y su realidad
Meza dijo que se aprecian avances en cuanto a la participación, apertura y transparencia en el ámbito de la administración pública municipal, pero entre los tres niveles de Gobierno no han logrado una intervención profunda que favorezca a un cambio como respuesta a las necesidades de la ciudad.
“Los gobernantes, tanto municipales, estatales y federales, tienen visiones muy simplistas de la realidad juarense. Juárez es sumamente complejo y la respuesta a situaciones muy concretas, son muy superficiales”, agregó.
Dijo que en muchos casos se trata de acciones insuficientes y que son necesarias inversiones más grandes que atiendan los problemas de fondo.
Agregó que en cuanto a la participación del Gobierno Federal, tampoco ha respondido con alguna inversión relevante para la ciudad.
Meza señaló que durante los últimos cinco años, en Ciudad Juárez se mantiene una constante reducción en cuanto a la calificación que los juarenses otorgan a la calidad de los servicios públicos que reciben.
Añadió que por esta razón, desde la sociedad civil continuarán impulsando una mayor participación ciudadana y exigiendo un mejor gobierno.
Dijo que es necesario consolidar las prácticas para la accesibilidad de un Cabildo abierto, lo cual se logra con mayor participación ciudadana y transparencia.
Reconoció que las autoridades locales cuentan con grandes avances, de tal manera que hoy se pueden hacer evaluaciones que antes parecían imposibles.
Sin embargo, precisó que es importante ampliar la divulgación de los contenidos y los mecanismos de información, con respecto a la toma de decisiones de los regidores en las sesiones de las Comisiones y en las reuniones de Cabildo, como condición para garantizar la participación ciudadana.
Con respecto al ejercicio del gasto público, propuso que las sesiones de los comités de compra de la Oficialía Mayor y el de contratación de Obra Pública, sean totalmente abiertos para que la comunidad sepa el desarrollo del proceso y las decisiones que se toman.
Informó que, de acuerdo con el seguimiento del gasto, identificaron que las dos terceras parte de los contratos de la Oficialía Mayor, son a través del mecanismo de la adjudicación directa; por lo que es importantes que la sociedad verifique el cumplimiento de la Ley de la Ley de Adquisiciones.
Un consejo ciudadano
Con respecto al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo (PMD-2021-2023), Meza adelantó que el próximo año, instalarán un consejo ciudadano para evaluarlo con la participación de diversas instancias y sectores.
Dijo que es importante la instalación de una mesa integrada por diversos representantes de los sectores de las sociedad juarense, para revisar en qué se pueden aprovechar los recursos generados por las ventas millonarias de terrenos que oferta el actual Gobierno de la ciudad.
Informó que en las siguientes semanas, presentarán diversos informes; uno de estos, relacionado con el estado que guarda el proceso de profesionalización de los servidores públicos y el riesgo de corrupción de los contratos asignados en el segundo semestre, entre otros reportes que generarán.
