Por Francisco Luján |
La administración municipal buscará que el próximo año cada camión de carga que cruza los puentes internacionales paguen cinco mil pesos cada año, en retribución a los daños que provocan a la vialidades.
La iniciativa que será discutida detalladamente en la sesión de Cabildo programada para la siguiente semana, se considera que sea agregada a la Ley de Ingresos del 2023 como un nuevo cobro de derechos.
El coordinador de Seguridad Vial, César Tapia, compareció hoy ante los regidores de la Comisión de Seguridad Pública, a quienes confirmó que la Secretaría del Ayuntamiento trabaja en la motivación y fundamentación para su cobro.
El tema de carácter fiscal, el cual no estaba previsto en el orden del día de la sesión, surgió cuando la regidora Austria Galindo Rodríguez (PAN), propuso la creación de un fondo de recursos municipales para pagar los daños causados por los baches a los automovilistas.
Tapia señaló que algunos transportistas consultados están de acuerdo en colaborar.
La regidora Mireya Porras Armendáriz (PRI), coordinadora de la Comisión, comentó que en ese sentido escucharon a algunos empresarios que le preguntan sobre esta posible disposición fiscal.
Tapia indicó que en estos momentos la medida no está decidida, la cual aún se encuentra en análisis, pero la idea es que los prestadores de servicio de transporte de carga de mercancías, insumos o bines de exportación, tanto locales como foráneos, contribuyan al Municipio para el arreglo de las vialidades.
Adelantó que el cobro de este derecho, no autoriza por sí mismo que las unidades pueden salirse de la ruta de transporte de carga trazada en la ciudad.
Mencionó que el peso excesivo transportado por las unidades, causa graves daños al pavimento; de tal manera que es justo que los empresarios de este sector retribuyan a la ciudad por sus servicios.
Cuando el Municipio es el culpable de los daños
El coordinador de Seguridad Vial, señaló que en los daños causados por los baches, en perjuicio de los conductores, los oficiales de la dependencia levantan un parte sobre los motivos del incidente para que los interesados tengan los elementos para interponer una denuncia por las afectaciones causadas por las malas condiciones de la infraestructura urbana.
Precisó que en estos casos, la Fiscalía General del Estado es quien determina la entidad del Gobierno responsable; sin embargo, admitió que las demandas no prosperan debido a lo engorroso de los tramites.
Tapia señaló que la empresa Teléfonos de México no atiende sus llamados para que tapen los registros, los cuales se encuentran en vialidades principales.
Señaló que este día, tras los reiterados llamados a la empresa para que taparan un registro, finalmente accedieron a hacerlo; aunque para ello, fue necesario advertirles que si no lo hacían, no les autorizarían a abrir más zanjas.
Galindo reconoció que muchas personas y empresas afectadas no denuncian este tipo de daños, cuando caen en un bache, alcantarilla o caja de servicios de Telmex, debido a que las propias autoridades no garantizan los mecanismos para una cultura de la legalidad.
La Comisión edilicia también analizó el tema de los cruceros de alto riesgo y la problemática que generan los vehículos que son estacionados en las banquetas y cocheras, para los que solicitaron una campaña de amonestación, previa a aplicar sanciones.
La sesión fue presidida por la regidora Mireya Porras Armendáriz (PRI), y sus demás integrantes Amparo Beltrán Ceballos (PAN) y Austria Galindo Rodríguez (PAN).
