Por esto, los penales fungen más como centros de operación del crimen que como centros de readaptación social, destaca Guillermo Asiain
Descuidos, omisiones y falta de recursos, principales factores que han contribuido al debilitamiento que actualmente enfrentan centros penitenciarios del país como el Cereso de Juárez.
Debilidad que ha favorecido, sin posibilidad de abatir, una escalada de violencia que llegó a niveles de exacerbación durante la fuga perpetrada el pasado domingo.
Esto, según Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, quien, sin embargo, no eximió de responsabilidades al Gobierno estatal.
Para Asiain lo ocurrido en gran parte es consecuencia del abandono en que la Federación tiene al centro penitenciario local principalmente en materia de apoyos.
Pero destacó que el llamado Centro de Readaptación Social ha sido manejado estatalmente de un modo que está muy lejos de su objetivo de reinserción.
“Los Ceresos definitivamente no son auténticos centros de readaptación social, sino más bien parecería que son centros de operación; lugares donde desde hace tiempo ha operado más libremente el crimen”, aseveró.
Recordó el cierre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 de Ciudad Juárez en 2020, cuya función era albergar reos de alta peligrosidad. Cierre que llevó al Cereso local a ir abriendo eventualmente espacios para albergar a reos de alta peligrosidad como el fugado líder de los Mexicles.
“El Gobierno Federal decidió el cierre de ese penal, y transfirió la responsabilidad al Gobierno del Estado, pero sin recursos adicionales. El Gobierno Federal ha incumplido en apoyar con esos recursos extraordinarios, pero el Gobierno del Estado claramente también es corresponsable del penal directamente”, reiteró.
Señaló que el tema será abordado en la próxima reunión de la Mesa de Seguridad, pronunciándose simultáneamente por una urgente despresurización de los penales.
“Definitivamente hay que despresurizar los penales y tiene que haber más intervenciones de readaptación social que actualmente solo las generan organizaciones de la sociedad civil. Creo que realmente tienen que ponerse sobre la mesa no solo la finalidad, sino las condiciones en que las que se ofrecen estas acciones”, comentó.
Debe tenerse claro –puntualizó– que individuos de alto riesgo deben ubicarse en penales con condiciones de mayor seguridad que los existentes en el Cereso local.
“Se tiene que buscar operar sí o sí, y hacer funcional un centro de readaptación para personas de alto riesgo; finalmente tiene que haber un estado de derecho, de modo que los penales sean realmente dirigidos, no por el crimen, sino por la autoridad”, destacó.
Se manifestó porque haya una investigación a fondo que aclare a cabalidad el nivel de corrupción imperante actualmente en el penal de Ciudad Juárez. Y que se proceda a las sanciones a que haya lugar con quienes hayan contribuido a esta situación.
“Que haya consecuencias para todos aquellos que coadyuvaron a que las familias de los diez custodios no tengan hoy a sus familiares en casa”, indicó.
Señaló que desde la mesa trabajarán para lo que pueda contribuirse al respecto, destacando la situación de certificación de los penales como una condición exigible.
“Lo de la certificación de los penales es uno de los temas que tiene que estar presente, pero certificaciones que sean verdaderamente reales y auditadas; es una de las cosas que vamos a empujar desde la mesa en nuestra siguiente reunión plenaria. Por el momento, la autoridad tendrá que dar respuestas a cabalidad de todo lo que está sucediendo”, concluyó.
