Para el académico Jorge Salas Plata, la actual intervención federal debe sentar bases para una planificación cuidadosa que garantice que el problema no se repita
La intervención que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirma estar realizando para meter en orden la explotación indebida de pozos agrícolas en la ciudad, no debe ser solo una llamarada de petate.
Esto, de acuerdo al especialista en temas ambientales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Jorge Salas Plata, quien afirma que debe basarse en una muy cuidadosa planeación; una planificación que –dice– pueda garantizar una continuidad positiva para que estas acciones tengan un impacto que impida que el problema se repita.
“Las medidas que la Conagua dice estar tomando no deben ser a corto plazo, y que pronto vuelvan a ser ineficientes; debe haber una buena planeación para ver las alternativas futuras que van a tener los concesionarios de estos pozos agrícolas dentro del marco legal”, explicó.
Los comentarios del académico se dan a raíz del anuncio de que personal de la dependencia federal realiza actualmente acciones de supervisión en la ciudad.
Una supervisión que a decir de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) no se estaba llevando a cabo, favoreciendo la explotación ilegal de estos pozos.
Esta explotación ha ido creciendo con el tiempo derivando en la existencia de un floreciente mercado negro del agua en la ciudad.
A principios del presente año, Norte Digital evidenció la existencia de este ilegal negocio basado en la extracción y comercialización de agua de uso agrícola; un negocio movido mediante el uso de pipas de gran capacidad que trasladan el agua extraída para su venta en rubros ajenos a los autorizados.
Se trata, aseguran diversos sectores, de una actividad que además de darse al margen de la ley, compromete la integridad de los acuíferos locales; la falta de control y la indiscriminada cantidad de agua extraída de este modo, aceleran la posibilidad de abatimiento de las reservas existentes, destacan.
Para el académico, las instancias de Gobierno deben pensar en esto y anteponer el bienestar de la población a cualquier otro objetivo relacionado con el agua, mediante mecanismos de control permanente que sean ejes para sentar las bases de las políticas que deberán seguirse a futuro enfocadas a preservar el acuífero.
“No deben prevalecer criterios de economía de corto plazo, porque si no, nunca va a haber una solución”, comentó.
Señaló que la Conagua está obligada a acompañar a la JMAS en acciones que permitan resolver el problema de alta demanda que su intervención generará.
“Por mucho tiempo fueron omisos a situaciones que fueron señaladas desde antes, y por eso la Conagua está obligada a acompañar a la JMAS; aunque tampoco se justifica que la JMAS pida tiempo y recursos para solventar el problema que sin duda se les va a venir encima”, concluyó.
