Las sanciones actualmente vigentes no rebasarían los 200 mil pesos, lo cual no compensa en nada el posible daño causado al acuífero
Si en México se aplicara la reglamentación como debe de ser, la Compañía Contratista Nacional, S.A.P.I. de C. V. (Coconal) debía ser despojada de la concesión de extracción de agua para la construcción del Libramiento Oriente en Samalayuca.
De acuerdo con Dalia Toledo Toledo, Directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en “Ethos” Laboratorio de Políticas Públicas, la empresa debió reportar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los volúmenes reales de agua extraídos para sus trabajos de construcción.
Y el hecho de que, en lugar de utilizar agua proveniente de las plantas tratadoras de la zona, negoció con ejidatarios de Samalayuca para obtener agua de pozos de uso agrícola.
Esta situación ha generado un impacto ambiental en la zona que no está evidenciado en los estudios previos, por tratarse de una zona con un acuífero en condición de abatimiento.
Aunque señala que existen sanciones contempladas en la Ley de Aguas Nacionales, en este caso específico, la sanción contemplada no compensaría el daño causado.
“Existen sanciones de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, sí; pero esas sanciones son de entre mil 500 y 20 mil UMAS (Unidades de Medida y Actualización) que corresponderían a unos 200 mil pesos. 200 mil pesos para la cantidad de litros de agua que se han extraído, es una pena que no corresponde en nada con el daño causado en este caso”, comentó esta la investigadora especializada en temas de corrupción.
Consideró que las sanciones por violar la ley en cuanto a número de litros permitidos y contaminantes emitidos, en dado caso, deben ser acordes al daño causado.
El tema de las sanciones, dijo, es un gran pendiente por el que se ha pugnado desde hace tiempo, ya que, debido a situaciones como ésta, se debe reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Sin quitar responsabilidad a la Conagua por no estar al tanto de estas irregularidades, dijo entender que la reducida cantidad de personal no permite dar un seguimiento puntual.
“Si sólo tiene entre 100 y 150 inspectores para supervisar más de medio millón de títulos, es muy difícil que pueda saber si realmente se están extrayendo las cantidades autorizadas. Y si el agua es proveniente de una planta tratadora o un pozo agrícola”, comentó.
Pero la dependencia federal sí debió tener más atención al respecto, por tratarse de una zona que está en condiciones de estrés hídrico.
Reiteró que una herramienta para garantizar que esto no siga ocurriendo es quitarle la concesión a la constructora. Y obligadamente tener una mayor regulación con aquellos concesionarios que ya infringieron la ley.
“Al menos Conagua debería poner mayor énfasis en supervisar este tipo de concesiones porque como bien señala Norte Digital esta obra no se ha concluido. La extracción de agua va a proseguir entonces en los siguientes meses y la Conagua deberá asegurarse que se cumpla con los términos de la concesión”, dijo.
Y deberá asegurarse –puntualizó- que esta extracción ilegal no esté afectando a las comunidades aledañas, pues siempre tiene que priorizarse el bienestar colectivo.
“Y si en este caso, esta obra está disminuyendo la cantidad de metros cúbicos que llegan a la población pues sí está provocando una afectación social”, manifestó.
Cabe agregar que desde un inicio, en dos diferentes ocasiones se buscó -sin éxito- hablar con representantes de esta empresa, tanto a nivel local como a la Ciudad de México.
