Debe conceder mayores facultades de intervención a la Junta Centra de Agua y a las juntas municipales para que estas también puedan supervisar y sancionar, señala Gabriel Martín Valdez Juárez, titular de la dependencia estatal
Desarrollo Urbano y Ecología estatal secundó la solicitud de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de contar con facultades ampliadas para supervisar pozos agrícolas de la región.
Esto, debido a la actual incapacidad de la dependencia federal que tiene un serio déficit de personal para atender más de medio millón de concesiones en el país.
Entre estos pendientes se encuentra el correspondiente al abuso detectado por Norte Digital en la extracción y venta ilegal de agua proveniente de pozos de riego en la ciudad.
Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el único organismo facultado para intervenir en lo referente a la extracción del vital líquido en el territorio nacional.
A esta instancia compete asimismo supervisar y sancionar las ilegalidades detectadas.
Pero de un tiempo a esta parte, aduciendo reducciones de presupuesto y de personal operativo, ha descuidado estas funciones en Chihuahua.
En el caso de Ciudad Juárez y Samalayuca, esto ha permitido una explotación ilegal de pozos agrícolas, para la extracción y venta ilegal del vital líquido.
Una actividad ilícita que además de comprometer la integridad de los acuíferos, impide a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) intervenir por ser permisos federales.
Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, expresó en días previos que se está a la espera de la ampliación de un convenio marco con la Conagua.
Un convenio que se viene negociando desde hace tiempo y que permitiría a la JCAS y las juntas municipales ampliar su campo de acción; entre dichas acciones estarían las labores de supervisión e intervención que por ahora sólo competen a la Conagua.
Para Gabriel Martín Valdez Juárez, titular de la Sedue estatal, se trata de una situación más que necesaria para llenar el déficit de supervisión que actualmente existe.
“La Conagua es la facultada para suspender una concesión o clausurar un pozo; (pero) a raíz de los sucesos por el tema de la presa (La Boquilla), el personal de la comisión en la localidad fue removido o cambiado y dejó un déficit en la supervisión”, mencionó.
Indicó que, de no haber atención y mayor presencia de la Conagua en la localidad, lo más razonable es que ésta delegue algunas facultades a la JCAS.
“¿Qué hace nuestra secretaría? Bueno, no tenemos injerencia directa en temas de agua, pero sí de medo ambiente; y hay un acompañamiento para que, desde el punto de vista de Desarrollo Urbano, podamos estar preparados”, comentó.
Destacó que, más allá del problema del agua que se está utilizando en Samalayuca, el problema son los asentamientos que se están permitiendo en la zona.
“Estamos diagnosticando la problemática para acompañar al ayuntamiento; definitivamente es un tema de carácter municipal dentro del cual entramos como reguladores en la materia”, indicó.
Resaltó el impacto negativo de la extracción de agua proveniente de pozos agrícolas en Samalayuca, así como la conversión de éstos en pozos de agua potable para desarrollos habitacionales.
“Yo incluso he estado atendiendo propietarios que tienen ahí un fraccionamiento, les pregunto que de dónde tienen el agua y responden que van a convertir un pozo. Esta es una situación que afecta porque la mayoría de los acuíferos están en condición de sobreexplotados”, puntualizó.
Destacó que lo que se busca con este apoyo a la JCAS y la JMAS, es evitar la repetición de escenarios que se están viendo en otras partes.
“Es un tema que necesita regulación. No tenemos mucha injerencia, pero acompañamos a las instancias de gobierno en esta intención”, acotó.
