Señalan serie de abusos en estaciones migratorias y negocios turbios con personas ahí resguardadas
El presidente de la Barra y Colegio de abogados Defensores de Refugiados, Jorge Vázquez Campbell pidió que se haga una investigación a fondo, para que salga a relucir una supuesta red de corrupción que existiría en torno a la operación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado y en particular en Ciudad Juárez.
Reiteró que el contraalmirante Salvador González Guerrero fue el responsable de la muerte de los casi 40 migrantes en la estación migratoria del puente Lerdo, por haber ordenado a sus subalternos, como si fueran soldados que solo deben obedecer, el mantener cerradas las puertas de la celda donde empezó un incendio el pasado lunes 27 de marzo.
Metieron a migrantes a bomba de tiempo
El litigante mantiene denuncias contra Salvador González Guerrero, Daniel Goray Yosioka, Roberto Gaytán Saucedo y José Guillermo Reynoso Ramírez.
Sobre la demanda contra González Guerrero, comentó que debe responder por el hecho de no contar con extinguidores de mano en la tragedia donde resultaron los 39 muertos y los casi 30 lesionados.
Dijo que debe ser demandado porque mandó matar a los 68 migrantes y ordenó que “se salieran los oficiales de Migración y que dejaran a los migrantes ahí quemándose”.
Señaló que el personal del lugar sí tenía las llaves y como prueba de ello es que a las mujeres que estaban en otra celda sí les abrieron para sacarlas de las celdas.
“Dejaron a estos muchachos que se quemaran, no se vale. Se necesita un grito en el cielo y una opción pública para que no dejen libres a estos criminales”, indicó.
“Estoy muy indignado con el asesinato de refugiados inocentes”, subrayó.
Precisó que aparte de González Guerrero, hay otros personajes involucrados en el negocio con las personas indocumentadas.
Advierte de uso de posible gasolina
Según mencionó, también persiste la duda de cómo fue que pudieron ingresar cerillos o encendedor, aparte de un posible acelerante, a las celdas, puesto que cada vez que ingresan al lugar, son revisados a fondo y es prácticamente imposible que pudieran por su cuenta haber ingresado dichos artículos.
Sobre el acelerante, indicó que pudiera haber sido gasolina u otro similar.
“Ese fogonazo que ves en el video, es el acelerante que le metieron”, anotó
No descartó que esta tragedia pudiera haber sido orquestada por el Gobierno Federal, para amedrentar a las personas bajo resguardo del INM en México en general.
Opinó que seguramente el INM quiso lanzar un mensaje de escarmiento a los migrantes que llegan a las diversas estaciones migratorias de todo el país, para que no se les ocurra volver a manifestarse al interior de los establecimientos.
Colchonetas que liberan cianuro
Acerca de la estación migratoria referida, explicó que aparte de no contar con extinguidores móviles, tampoco hay rociadores de agua en el techo, como mecanismo de seguridad en caso de incendios.
Criticó asimismo que en dicha instalación oficial se tengan colchonetas flamables fabricadas con hule espuma, que cuando son encendidas liberan gas cianuro.
“Es una violación a la ley de Protección Civil no tener extinguidores”, sostuvo.
De acuerdo a fotografías entregadas a Norte Digital, donde se encuentran internados los migrantes, se aprecia que no hay ventanas o posibles conductos para generar ventilación en el lugar, de tal manera que esta carencia habría favorecido que se concentraran los químicos liberados de las colchonetas que se quemaron, que fueron inhalados por las víctimas.
“No hay dónde salga el humo”, apuntó.
Acusa a empleados de enriquecerse con venta de salidas
Jorge Vázquez Campbell dijo a Norte Digital que desde que llegó a la entidad como representante del INM, el contraalmirante Salvador González Guerrero encontró la forma de enriquecerse a costa de despojar a los migrantes y sus familiares, de cantidades importantes de dinero.
Señaló que piden 500 dólares por migrante para extenderles cartas de salida.
Hizo hincapié en que persiste una venta descarada de salidas extendidas para los migrantes que permanecen en las estaciones migratorias.
Mencionó que en el 2022, salían de 50 a 70 refugiados con ese oficio extendido por el INM.
Dijo que les cobran 500 dólares y los sueltan para andar en la calle e irse a Estados Unidos, que es su objetivo.
Señaló que en el poblado de Janos opera también esta red de despojos, donde señaló a empleadas federales de nombres Karina Guadalupe Hernández y Leticia Magallanes Contreras.
Indicó que estas amenazaban a los migrantes con que los iban a dejar incomunicados, con una sola comida al día y los iban a encerrar en una celda privada. Eso orilló a que dichas personas en tránsito se negaran a ser liberadas por el juez tras haberles ya tramitado amparos.
Explicó que el 95 por ciento de los amparos que se han sometido a los Juzgados federales en Juárez, no los aceptan los refugiados, debido a las amenazas de los funcionarios del INM.
De acuerdo al abogado, el contraalmirante llegó al grado de amenazar a los propios empleados de las estaciones migratorias, con despedirlos de sus trabajos si alguno de los migrantes aceptaba ser liberado con amparo.
