Los comentarios del autor son responsabilidad suya y no necesariamente reflejan la visión del medio
Una sociedad en donde se fomenta la polarización social no nos lleva a ningún destino favorable. Cuando los periodistas y los funcionarios de un Gobierno federal o estatal caen en un juego de poderes nadie sale ganando al final y la audiencia sufre.
A fin de cuentas, la sociedad civil es la que sale perdiendo. Se entiende que las pasiones y las facciones partidistas –o ideológicas– aparezcan en ciertos momentos clave, como en contiendas y campañas. Pero una vez establecido un Gobierno lo que se espera es que los responsables fomenten un entorno sano de ejercicio periodístico. Más en situaciones adversas.
Todos los estados en México viven momentos de riesgo e incertidumbre por la inseguridad pública. Este es un hecho y hay que verlo como un reto. El periodismo preventivo y resiliente es un modelo que ha resultado exitoso en algunos países para ayudar a las comunidades a salir adelante en momentos adversos de inseguridad.
Sin embargo, si los funcionarios y comunicadores de una entidad prefieren perder el tiempo en Twitter y otras plataformas sociales para ventilar rencores y diferencias –pasadas o presentes– poco tiempo tienen para enfocar su trabajo al servicio público. O en el peor de los casos, cuando estos funcionarios generan polarización en estos espacios, la situación se agrava.
La polarización y pugnas entre el funcionario y el periodista no abonan ningún gramo a la credibilidad en los medios y en las instituciones. Por el contrario, los ciudadanos comienzan a ver en ello un montaje de espectáculo que distrae de lo que resulta más relevante e importante para ellos: informar y formar. Y en el caso de la inseguridad que se vive, en acciones de prevención y resiliencia.
El periodismo y la comunicación social son dos actividades muy vinculadas, de alta responsabilidad en cualquier comunidad. La labor de la comunicación social de un Gobierno es proveer elementos al gremio periodístico para que tenga acceso a los esfuerzos y acciones de política pública –y las informaciones que se generan en ese entorno– de un alcalde o gobernador.
La misión del periodista es destacar la relevancia y utilidad de esas informaciones, cruzarlas con otras fuentes y trasladar lo valioso de ello a sus notas e historias.
Quizá sea tiempo de replantear las estrategias de comunicación social en nuestros Gobiernos, de apoyar, de formar y colaborar con los periodistas para sumar –no dividir– y así cambiar prácticas viciadas.
Actuar con más inteligencia –y menos pasión mediática– será una fórmula recomendable a seguir, sobre todo con la orientación profesional y experiencia puntual que exige el momento.
*Los comentarios del autor son responsabilidad suya y no necesariamente reflejan la visión del medio.
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