Por Javier Arroyo |
Como grave y riesgoso calificó el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), René Moreno Medina, que todo el equipo e infraestructura de la Plataforma Centinela, incluyendo la Torre Centinela, permanezcan por cinco años como propiedad de la empresa contratada por Gobierno del Estado.
“Es grave porque se puede quedar en una situación de impago. Cualquier cosa puede pasar y hablamos de la infraestructura más sensible del estado, que es donde se ‘operativiza’ toda la seguridad pública. Entonces, que ni siquiera sea propiedad del Estado, sí te deja peligrando”, expresó.
“Eso es un ‘riesgazo’ porque ya pasó en Sinaloa, y en Sinaloa se quedaron sin instalaciones un rato, precisamente por eso, porque las instalaciones eran propiedad de la empresa”, agregó.
En su calidad de presidente del Comité de Participación Ciudadana, Moreno Medina es por mandato legal presidente del Comité Coordinador del SEA, la instancia en donde los titulares de los organismos responsables de la prevención y el combate a la corrupción, se han negado a discutir el riesgo de corrupción en torno a la Torre y la Plataforma Centinela.
El pasado 30 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo a Norte Digital que está establecido en el contrato con la empresa Seguritech, que será hasta agosto de 2027, cuando todos los bienes, incluyendo cámaras, arcos y drones, pasarán al patrimonio estatal.
Para que ello ocurra, se cumplirá además un requisito legal y contable con el pago “residual” a la empresa contratada, de un peso mexicano, aparte de los 4 mil 200 millones de pesos que se pagarán durante cinco años, en ministraciones trimestrales.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana señaló que el esquema plantea distintos riesgos, como ya ocurrió en Sinaloa, donde el proveedor se quedaba con copias de los videos tomados por las cámaras de videovigilancia.
Dijo que, en ese mismo caso, el de Sinaloa, también ocurrió que al final del contrato servían nada más el 17 por ciento de las cámaras, porque la empresa incumplió con lo establecido en materia de mantenimiento.
Moreno Medina recordó que para no ir muy lejos, en Chihuahua ya ocurrió en el 2021, que el proveedor de las patrullas las paralizó con el uso de GPS, cuando no se cumplió debidamente con un pago.
“Sería muy preocupante que nos estuvieran pasando casos así por temas de impago y se me hace bien aventurado decir que no hay riesgo en un tema en el que ahorita nomás tienen asegurado el 10 por ciento del costo de la obra. De dónde van a sacar el 90 por ciento restante. Queda mucho tiempo como para asegurar que lo van a tener”, indicó.
Consideró que una clara irregularidad en el contrato entregado a Seguritech es que se incluyó la construcción de la Torre Centinela como parte de un servicio integral, sin someterse al marco legal de la Ley de Obra Pública.
“No se puede, insisto, meter en un servicio integral la construcción de un edificio, eso va contra la ley. Lo que dijo en la entrevista Gilberto Loya me sigue sorprendiendo. Eso no se puede”, agregó.
