La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó en un comunicado sobre su “profunda preocupación por los actos de vigilancia ilícita” por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), dados a conocer mediante los Guacamaya Leaks.
En contexto, a finales de septiembre el grupo de hackers Guacamaya Leaks obtuvo acceso a más de 6 mil gigabytes (6 terabytes) de información de los servidores y correos electrónicos de la Sedena, donde se revelan operaciones militares, trabajos de inteligencia y, desde luego, los resultados de las vulneraciones con el software Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Desde entonces, algunos pocos medios de comunicación han tenido acceso a los Guacamaya Leaks, y han publicado partes de la información y comunicaciones obtenidas que no afecten a la seguridad nacional, sino que son de interés público.
Al respecto, en su comunicado de hoy, la ONU-DH calificó de injerencia arbitraria los actos de vigilancia a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad.
“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
Asimismo, añadió que “los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa”.
El comunicado señala como actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, por lo que corresponde a las autoridades promover un ambiente de tolerancia hacia las opiniones.
En cambio, precisó que dichos actos de vigilancia no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos.
“Estos principios y los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, precisó Fernández-Maldonado.
La ONU-DH instó a las autoridades mexicanas al cese inmediato de estos actos en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a realizar una investigación diligente e imparcial del caso.
Recordó también que desde 2017 están pendientes los resultados de una investigación por actos similares, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto infectó a distintos actores sociales con el mismo software en sus dispositivos electrónicos para acceder a sus comunicaciones personales y demás información sensible.
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