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Exigen a gobiernos “no perderse en la impunidad” en el caso de sacerdotes asesinados

Por Antonio Flores Schroeder |

La comunidad jesuita exigió a los tres órdenes de Gobierno avanzar en las investigaciones del asesinato de dos sacerdotes ocurrido en la sierra de Chihuahua, hace dos meses.

A través de un comunicado publicado en Twitter, solicitaron a las autoridades que no se pierdan en los laberintos de la impunidad y que se garanticen las condiciones de seguridad para los pobladores, en una zona donde aún prolifera el miedo.

En junio, los curas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, fueron asesinados en la comunidad de Cerocahui.

José Portillo Gil, conocido como “El Chueco“, es el presunto asesino, de acuerdo con informes dados a conocer por el Gobierno estata y la administración federal.

La Fiscalía General del Estado mantiene una recompensa de 5 millones de pesos por la captura del supuesto delincuente.

“Estamos convencidos de que sin justicia no habrá reconciliación en la zona rarámuri y por eso, a la par de nuestra exigencia, desde la Compañía de Jesús mantenemos nuestro compromiso para proyectar soluciones que permitan avanzar hacia la pacificación del país, porque a 62 días de esos dolorosos crímenes, otros hechos de violencia se han sumado a esta crisis que padecemos”, indicaron en el documento.

También invitó a la sociedad mexicana a participar, a partir de mañana, en las “Jornadas por la Paz con Justicia en México”, cuyo objetivo es proyectar soluciones que permitan aportar hacia la pacificación del país.

En el texto firmado por la Provincia Mexicana de la compañía de Jesús, señalaron que la violencia que se vive en el país no se resuelve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades del ejército, como quedó demostrado en la historia reciente.

“La militarización no es la respuesta, es sólo un paliativo que pone en riesgo la paz. Insistimos, frente a décadas de violencia, que el modelo de seguridad en todo el país debe ser revisado”, mencionaron.

La justicia, añade el comunicado, es una obligación del Estado y es también un tributo a los sacerdotes Javier, Joaquín, Pedro y Armando, así como a las miles de víctimas de la violencia en el país, cuyos nombres se mantienen en el corazón de sus deudos.

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