Por Javier Arroyo |
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) advirtió posibles violaciones a la legislación vigente en la adjudicación del contrato de servicios por 4 mil 200 millones de pesos, para construir la Torre e implementar toda la Plataforma Centinela.
René Moreno Medina, presidente del CPC y quien también preside el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, consideró que la primera alerta surge al utilizarse la Ley de Adquisiciones para entregar un contrato de servicios que incluye la construcción de un edificio, como lo es la Torre Centinela.
“Si tú lees la Ley de Adquisiciones a nivel estatal, en ninguna parte habla de obra pública y no hay, no existe, ¿por qué? Porque la obra pública se contrata por otra ley, que es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua”, indicó
Dijo que no hay claridad respecto a cómo una infraestructura tan fundamental para ofrecer seguridad pública, como lo es un centro de mando, se enmarca en el servicio integral que se está contratando a la empresa Seguritech, como si la seguridad fuera un servicio que se contratara bajo el concepto de “llave en mano”.
Consideró que, al haberse autorizado el contrato millonario por el Comité Central de Adquisiciones, que es el encargado a nivel central de la administración estatal, esa instancia pudo haberse extralimitado en su función.
“En este servicio integral que se dio por la Ley de Adquisiciones del estado, están metiendo temas de obra pública. Están metiendo la construcción de la Torre dentro de lo que se está contratando. Y hablamos de cimentación, de toda la construcción del edificio”, agregó.
Ley obliga a realizar estudio de mercado
Moreno Medina también señaló que nadie puede “nomás adjudicar por sus pistolas”.
El representante ciudadano dijo que se tiene que demostrar el porqué ese tipo de procedimiento es el adecuado, además de que un proceso de adquisiciones obliga al contratante a hacer un estudio de mercado.
“En ese estudio de mercado tienes que poner a competir a tres oferentes para ver más o menos cómo está la situación del mercado y eso compararlo con lo que uno está contratando. A mi me gustaría saber dónde está ese estudio que es de interés público”, reclamó.
Hay duda sobre si la Torre pertenecerá a empresa
El también integrante de la organización Wikipolítica Chihuahua consideró que también es alarmante que bajo la lógica de que se paga por un servicio, la obra que se construya, en este caso la Torre Centinela, realmente pertenezca, al finalizar el contrato, al ente privado.
“Lo están manejando como si fuera un servicio, entonces estamos diciendo que el bien, mueble no va a ser propiedad del Estado o, ¿cómo entra eso como un servicio?” cuestionó el activista.
“Si hay un contrato de cinco años por un servicio, cómo demonios aseguro que en el año seis no me quiten el bien mueble porque es propiedad del privado, si es un servicio llave en mano, eso por poner uno de los temas que a mí me parece ridículo”, expresó.
Moreno Medina consideró que se genera una alerta más en el tema de la suficiencia presupuestal.
Dijo que ni con las modificaciones y adiciones al presupuesto, se observa que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pueda garantizar la suficiencia presupuestal para pagar los 4 mil 200 millones del proyecto plurianual.
“Entonces, ¿con qué suficiencia presupuestal se aprobó el mismo? Y si se va a hacer un presupuesto plurianual, ¿cómo aseguramos que el Congreso va a dotarle de presupuesto suficiente para los siguientes años?”, cuestionó el representante ciudadano.
“Para empezar, ¿ya se habló con el Congreso? Imaginemos la situación de que el Congreso diga no, yo no aprobé esta compra multianual, entonces, ¿qué seguridad hay de que se termine el proyecto?”, añadió.
Irregularidades en acuerdo de reserva
El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (cargo que asume por mandato de ley al ocupar la presidencia del Comité de Participación Ciudadana), señaló que también pueden observarse irregularidades en el acuerdo que el Comité de Transparencia de la SSPE emitió para clasificar toda la información del contrato con carácter de reservada.
“Hay un acuerdo de reserva de la totalidad del procedimiento de contratación porque dicen que es un tema de seguridad pública. Pero no hacen una correcta fundamentación de por qué sería un tema de seguridad pública”, expresó.
Recordó que se puede revisar lo que pasó en Baja California, también por la contratación a Seguritech de un centro de mando o C5i, cuando integrantes del órgano garante de trasparencia señalaron que, si se consideraba la proporcionalidad a la hora de hacer la prueba de daño, pesa más el interés público de que se conozca la información.
“Ahí lo que se tuvo que haber hecho, fueron versiones públicas del procedimiento de contratación. Se censuraron algunas partes que si pueden afectar la debida provisión del servicio por tema de seguridad pública, pero se dejó abierto lo que no impide eso”, agregó.
Consideró que se puede tener acceso a precios unitarios de los equipos, para poder tener la certeza de que no hay sobreprecios como ya se denunció públicamente en otros estados en donde se contrató a esa empresa.
“Si ya tenemos ese historial con ese proveedor, pues habrá que poner como la lupa”, indicó.
Dijo que incluso en los acuerdos de reserva pueden configurarse faltas administrativas, cuando los integrantes de un Comité de Transparencia, avalan un acuerdo mal fundamentado.
“Sin información, yo lo que tengo ahorita son posibles faltas de responsabilidad administrativa. Pero yo, para poder saber si existen o no existen, necesitaría tener a la mano los documentos”, señaló.
Sin embargo, dijo, no se conoce la existencia de un documento de suficiencia presupuestal, ni los dictámenes de procedencia de la adjudicación directa, menos los contratos para saber de qué forma se adjudicó. “Lo más grave que yo veo en este proceso es que ya haya tantas alertas rojas que no tenemos formas de acreditar en estos momentos”, concluyó.
