Por Luis Carlos Ortega |
Integrantes del Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos (Fpcddh) reiteraron esta mañana su oposición a la construcción de la Torre Centinela.
Simultáneamente exigieron una disculpa del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, quien recientemente calificó de delincuentes a quienes se oponen a su edificación.
En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el grupo de activistas expuso las razones de su oposición.
Entre otras cosas, cuestionaron lo que calificaron de un innecesario derroche de recursos, y la falta de transparencia que envuelve al ambicioso proyecto de seguridad.
“¿Por qué invertir 4 mil 200 millones a una Torre Centinela? Fue lo que solicitamos a la Gobernadora (Maru Campos) y al secretario César Jáuregui; sobre todo cuando estamos conscientes de la gran necesidad, y no hemos recibido respuesta hasta ahora”, expresó al respecto Silvia Aguirre Lomelí, integrante del Fpcddh.
Enumeró un amplio cuadro de requerimientos sociales que actualmente se encuentran sin cobertura, destacando las carencias existentes en materia de salud pública.
Entre otras cosas, un hospital psiquiátrico que definió como “hermoso”, pero que funciona con solo dos psiquiatras y sin enfermeras ni otro tipo de personal.
“Continuamente vienen a nosotros solicitando intervención y hospitalización y no hay hospitales ni públicos ni privados que puedan atender a las personas con trastornos mentales. ¿Por qué gastar esos 4 mil 200 millones de pesos y no tener un hospital psiquiátrico digno, donde no hay enfermeras?”, cuestionó.
Lo mismo cuestionó en aspectos como la falta de medicamentos, requerimientos educativos, la pésima infraestructura pública de la ciudad y adecuada atención a la niñez.
Por su parte, la activista y derechohumanista Catalina Castillo, manifestó que el movimiento ha buscado llevar el proceso paso a paso; por ello iniciaron con la solicitud de información, la cual ha sido negada por ser reservada debido a razones de seguridad, según se les ha dicho.
“No creo que esté bien que califiquen de reservada toda la información, cuando tenemos ya una Ley de Transparencia y una Ley de Participación Ciudadana; es la parte que nosotros hemos venido como cuidando, y no hemos tenido contestación, salvo que ahora nos están diciendo que somos unos delincuentes”, acotó.
Manifestó que esto refleja gran falta de comunicación, dado que mientras ellos han seguido los procedimientos, la respuesta no corresponde a lo que debería ser.
Esto referente al calificativo de “delincuentes” que el secretario estatal de Seguridad, Gilberto Loya, utilizó para descalificar toda postura de oposición y petición de cuentas.
Silvia Aguirre destacó lo desafortunado que resulta tal comentario que no abona al diálogo ni reconoce el valor que el activismo aporta como soporte democrático; máxime cuando el secretario General de la ONU, António Guterres, califica a los grupos de la sociedad civil como catalizadores para la paz.
“El secretario general de la ONU acaba de declarar que el activismo y la sociedad civil organizada es el oxígeno para la democracia. Lo acaba de decir ahora que se dio el nombramiento de los ganadores del Premio Nóbel de la Paz, que son tres activistas. Esto es contrario a la declaración del Gobierno del Estado contra las agrupaciones civiles a las que estigmatizan declarando que somos delincuentes”, afirmó.
Fue en días pasados cuando la gobernadora María Eugenia Campos informó que, para construir la Torre Centinela, se invertirían 4 mil 200 millones de pesos; esta cantidad se pagará a la empresa Seguritech a lo largo de los próximos cinco años, con pagos calculados entre 700 y mil millones anuales.
Cabe señalar que el 21 de julio, Norte Digital publicó que la empresa Seguritech ha sido señalada en otros estados del país por diversas irregularidades; entre otras, aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento.
El grupo de activistas manifestó estar aún a la espera de una respuesta satisfactoria a la carta entregada recientemente al secretario de Gobierno; esto sin descartar la posibilidad del plebiscito en caso de negativa.
La carta entregada en la Secretaría de Gobierno –según indicaron– está fundamentada en los artículos 8 y 4, fracción II, de la Constitución; además de los artículos 1, 2, 3, 6, 32, 33, 40 y 77, fracción 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En la carta solicitan formalmente desglose de los gastos, que abarque los conceptos en precios unitarios y justifique el destino de los recursos; copia del procedimiento seguido para determinar la persona física o moral a la cual se le adjudicó la obra y su operación; copia del contrato signado por Gobierno del Estado y la persona física o moral para llevar a cabo la construcción de la Torre Centinela; y copia del acta del Comité de Adquisiciones en la cual se determinó la adjudicación de dicha obra.
La respuesta hasta ahora ha sido que se trata de información reservada por al menos los próximos cinco años, por motivos de seguridad. En la rueda de prensa estuvieron también presentes los activistas Jesús Salaíz, y el representante de la comunidad N’dee-N’nee-Ndé en Juárez, Martín Tafoya.
