Por Alejandro Salmón |
La diputada Rocío Sarmiento Rufino (PAN) presentó iniciativa a fin de reformar la legislación vigente para obligar a todos los Gobiernos municipales a expedir su propio “Atlas de Riesgo” y actualizarlo anualmente.
La finalidad de esa propuesta es que los 67 municipios cuenten con herramientas para actuar de manera preventiva en materia de protección civil, dijo la iniciadora.
El proyecto contempla reformar la Ley de Protección Civil, así como el Código Municipal, ambos del Estado de Chihuahua, dar a las presidencias municipales la facultad de elaborar el mencionado documento, así como sus programas de protección civil para actuar en casos de contingencia.
En su exposición de motivos, la legisladora comentó que en el verano reciente, se vivió una de las temporadas de lluvia más intensas de los últimos 50 años, la cual se desarrolló durante semanas en todo el territorio estatal.
Ese temporal ocasionó múltiples daños, tanto en caminos, puentes y carreteras a causa de los deslaves; además, se registraron afectaciones a viviendas.
En tal situación, los municipios estaban “desprevenidos” para atender las necesidades de sus pobladores para enfrentar la emergencia, añadió.
La situación se agravó porque ninguno de los Gobiernos municipales cuentan con un Atlas de Riesgo que detecte en el caso de lluvias torrenciales u otra eventualidad, las debilidades existentes que permita tener un plan preventivo y de reducción de las afectaciones a la ciudadanía”.
Agregó que el Gobierno estatal se ha interesado en los planes de Protección Civil a fin de hacer frente a las eventualidades existentes, y se ha avanzado legislativamente en el tema; sin embargo, son aún insuficientes los logros y es necesario por lo tanto, invertir mayores esfuerzos y recursos para transitar de un esquema reactivo a uno preventivo.
“Es indispensable establecer estrategias, políticas y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores con la coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, sectores social y privado”.
La propuesta se turnará a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.
