Por Alejandro Salmón |
Derivado de la revisión de Cuentas Públicas de instituciones, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 42 denuncias penales en los últimos seis años, según lo detalla el Informe Anual de Avances 2022 de dicha institución.
Además de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la ASE ha dado vista al Sistema de Administración Tributaria del Gobierno Federal de dos casos que podrían constituir delitos fiscales.
Aunque la revisión a las cuentas de instituciones públicas y de algunas privadas que reciben fondos del erario estatal ha generado denuncias tanto penales como administrativas, las sanciones son pocas en comparación con el tamaño del daño señalado.
Héctor Acosta Félix, titular de la ASE, señaló a la Ley General de Responsabilidades Administrativas como una de las causantes de la poca aplicación de sanciones y recuperación de recursos públicos presuntamente desviados.
La citada ley tiene una “mala técnica administrativa” que permite que quien cometió una falta salga sin sanciones, debido a las lagunas legales que dicho ordenamiento, afirmó.
“Era mejor la ley anterior”, comentó el auditor.
Un caso reciente de aplicación de dicha ley que permitió lo que el funcionario calificó como “salida a la impunidad” es la resolución que tomó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en la cual se dejó sin sanción a un funcionario de la Secretaría de Hacienda de la anterior administración estatal.
Acosta indicó que la ASE presentó evidencias de las conductas sancionables por “arbitrariedad” y “mal uso del servicio público”.
Ambas estaban acreditadas, dijo, porque la Secretaria de Hacienda adquirió un sistema de cómputo para realizar la recaudación de ingresos propios del estado.
Sin embargo, dicho sistema, que tuvo un costo de 35.7 millones de pesos, no funcionó, y no obstante, se volvió a contratar al mismo proveedor para restaurarlo. “Eso constituyó una doble contratación y un doble pago, lo cual fue una arbitrariedad”, dijo.
Al no funcionar el sistema, hubo un daño al servicio público, ya que esas fallas evitaron o dificultaron la operación de las oficinas de Recaudación de Rentas y le impidieron al usuario cumplir con sus obligaciones fiscales, subrayó Acosta.
“Es muy complicado convencer a los agentes del ministerio público y a los jueces de aplicar sanciones en función de los criterios de la Auditoría, pero todo se debe a la las lagunas de la ley vigente”, enfatizó.
No obstante lo anterior, en tres años se han obtenido seis sentencias condenatorias por conductas sancionables de servidores públicos, lo cual es un gran avance si se copara con las 15 que ha logrado la Auditoría Superior de la Federación en 15 años, concluyó.
