Por Alejandro Salmón Aguilera |
Diputados y diputadas del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado condenaron el cateo efectuado por agentes de la Fiscalía General del Estado a las oficinas de la delegación de la Secretaría del Bienestar ubicadas en Ciudad Juárez.
La acción efectuada por los agentes estatales “solo tiene el nombre de ¡persecución política!” aseguró la diputada morenista María Antonieta Pérez, representante del Distrito X con cabecera en Juárez.
A su vez, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó las formas que usó el gobierno de María Eugenia Campos en contra “de adversarios políticos”.
El legislador señaló que la acción contra la oficina de Juan Carlos Loera podría ser una respuesta del Gobierno del Estado ante el señalamiento que ha hecho Morena en torno a la “Torre Centinela”.
Por su parte, Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado e integrante de la bancada de Morena, demandó a la Fiscalía General del Estado que revisar sus protocolos “a fin de evitar actos que pudieran mal interpretarse como intimidatorios”.
Antonieta Pérez indicó que el cateo se hizo sin ningún debido proceso, pues se derivó, “según los propios medios de comunicación”, de la supuesta declaración de un ciudadano en el consulado, que había comprado un comprobante de vacunación.
“Suponiendo sin conceder, que esto fuera cierto, que la Fiscalía no debió abrir un expediente, llevar un debido proceso y cuidar, sobre todo, la presunción de inocencia de todos los funcionarios de bienestar que trabajan en el estado”, dijo.
Tanto Antonieta Pérez como Cuauhtémoc Estrada coincidieron en que la FGE actuó con el uso de la fuerza en las oficinas de Bienestar, mientras la incidencia delictiva en Juárez y en el estado sigue al alza.
“Los verdaderos problemas que aquejan a los chihuahuenses en materia de seguridad siguen sin resolverse como los responsables del “jueves negro” en Juárez, o los hechos de Cerocahui, donde “el chueco” aún sigue en libertad”, dijo Antonieta Pérez.
Esos actos, agregó la legisladora, “vulneren a la población que se encuentra realizando trámites en instituciones de gobierno”.
